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Entrevista con Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC), sobre el papel de Obama en la militarización de México y denuncia la presencia creciente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y otros tipos de agentes de EE.UU. en el país, así como de compañías privadas de seguridad.

¿Puede explicar lo que es el Plan México y cómo se relaciona con el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica? (NAFTA)

Laura Carlsen: El Plan México, también llamado Iniciativa Mérida, es un plan trienal de cooperación en la seguridad regional elaborado por el gobierno de Bush y presentado en octubre de 2007. El plan surgió de la extensión del NAFTA a áreas de seguridad, conocida como ASPAN: Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Originalmente el Plan México debía ser anunciado en el contexto de la cumbre trinacional de ASPAN pero fue retrasado. Se presenta como una petición del presidente mexicano Felipe Calderón de ayuda estadounidense a la guerra contra la droga, pero en realidad fue preparado en Washington como una manera de "extender las fronteras" del perímetro de seguridad de EE.UU., es decir que México se ocupara de prioridades de seguridad de EE.UU., incluyendo el control policial de su frontera sur y que permitiera que compañías y agentes de EE.UU. participaran en operaciones de inteligencia y seguridad de México.
El Plan México propuso 1.400 millones de dólares sobre todo en financiamiento militar extranjero. Se describe como una propuesta de "Contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad de la frontera."

-Después de su elección como presidente, Felipe Calderón comenzó a utilizar a los militares en la llamada Guerra contra la Droga. Desde entonces ha habido un aumento permanente de los despliegues de tropas y una escalada de la violencia. ¿Cuál es el papel de Washington en esta continua operación de contrainsurgencia? LC: El gobierno de Obama ha apoyado el plan e incluso ha solicitado, y recibido del Congreso, fondos adicionales más allá de lo solicitado por el gobierno de Bush. En los tres años desde que Calderón lanzó la guerra contra la droga en México con el apoyo del gobierno de EE.UU. la violencia relacionada con la droga ha aumentado a más de 15.000 ejecuciones y los informes formales sobre violaciones de derechos humanos se han multiplicado por seis. Más de 45.000 soldados han sido desplegados en calles y comunidades por todo México. Washington reconoce serios problemas con el modelo de la guerra a la droga y sin embargo sigue afirmando, de modo absurdo, que el aumento de la violencia en México es una buena señal - significa que los cárteles están sintiendo la presión, dice el argumento. El plan en sí no contiene ningún parámetro real de lo que los ciudadanos deben esperar como señales de progreso para que pueda seguir financiándose a pesar de su fracaso.

Se solicitó al Departamento de Estado que presentara un informe de derechos humanos para adjudicar un 15% de algunas partes de las asignaciones y finalmente lo hizo el verano pasado. Pero el informe señaló que incluso ante una falta de progreso en los derechos humanos (incluyendo informes sobre uso impune de tortura, falta de justicia civil para las fuerzas militares, asesinatos de civiles y corrupción) el simple hecho de presentar el informe constituía un cumplimiento y adjudicó los fondos.

Hasta ahora el esfuerzo no se describe como contrainsurgencia, porque México no tiene un movimiento formal de insurgencia generalizada. Sin embargo, los ataques contra dirigentes opositores de base en los últimos años han generado temores de que los disidentes son y serán un objetivo de la sociedad crecientemente militarizada.

-En su artículo usted dice que la Iniciativa Mérida es la consecuencia directa del marco de seguridad nacional impuesto en las relaciones bilaterales. ¿Significa que el gobierno de Bush estaba utilizando la Guerra contra la Droga y la Guerra contra el Terrorismo para ocultar sus verdaderos objetivos políticos? Si es así, ¿cuáles son esos objetivos?

L.C.: El gobierno de Bush utilizó el paradigma del contraterrorismo para extender la presencia de EE.UU. en áreas estratégicas. En México, la idea era abrir lucrativos contratos de defensa e inteligencia mientras se ayudaba al gobierno derechista, que todavía enfrentaba serios problemas de legitimidad debido a acusaciones no esclarecidas de fraude en las elecciones de 2006.

-¿Hay agentes de inteligencia, fuerzas especiales o mercenarios de EE.UU. que realizan operaciones de contrainsurgencia en México? ¿Se pide a México que permita que los militares de EE.UU. operen en México debido a acuerdos de seguridad y/o comercio?

L.C.: México no permite soldados de EE.UU. en su territorio. Sin embargo, hay una presencia creciente de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) y otros tipos de agentes de EE.UU. en el país, así como de compañías privadas de seguridad. No tenemos un buen sistema para rastrear la presencia y actividades de firmas privadas contratadas para propósitos de seguridad y entrenamiento. Es un problema importante.

-¿Qué efecto ha tenido la militarización sobre la expresión política? ¿Cómo ha afectado a las organizaciones de base, sindicatos, y grupos indígenas? ¿Ha habido un aumento de la violencia relacionada con los militares, como violaciones, golpizas, torturas y homicidios?

L.C: Ha habido un aumento de las violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas. En algunas regiones, dirigentes disidentes han sido atacados por los militares. Mujeres, gente indígena, migrantes, disidentes y jóvenes son particularmente vulnerables.

Nota: "La militarización de México ha llevado a un fuerte aumento de los homicidios relacionados con la guerra a la droga. Ha llevado a violaciones y abusos de mujeres por soldados en comunidades en todo el país. Las quejas de derechos humanos contra las fuerzas armadas se han sextuplicadoÂ… las fuerzas armadas mexicanas no están sujetas a los sistemas de justicia civil, sino a sus propios tribunales militares. Éstos llevan muy pocas veces a condenas." "The Perils of Plan Mexico", Laura Carlsen, Counterpunch

Más de 50 organizaciones de derechos humanos mexicanas han presentado una petición al Congreso para que retire su apoyo a la Iniciativa Mérida. Su carta dice:

"Respetuosamente solicitamos que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado, no asigne fondos o programas directos a las fuerzas armadas tanto en la Iniciativa Mérida como en otros programas para apoyar la seguridad pública en MéxicoÂ…

"Instamos a EE.UU. a considerar modos de apoyar una respuesta integral a los problemas de seguridad; basada en el afrontamiento de las causas a la raíz de la violencia y en el pleno respeto de los derechos humanos; no en la lógica del combate."

-¿Ha visto alguna mejora o cambio en la política desde la elección de Barack Obama?

L.C: No. El gobierno ha dado su pleno apoyo a la fracasada guerra a la droga. Sin embargo hay signos de reforma de la política hacia la droga en la política interior que podrían llegar a afectar la manera como se ven los esfuerzos extranjeros contra los narcóticos. La retórica de "co-responsabilidad" no es realmente nada nuevo y los esfuerzos por reducir el tráfico y la demanda de armas no han sido seguidos por nuevas políticas. El enfoque sigue siendo primordialmente militar y violento, sin que haya dinero alguno incluido en la iniciativa Mérida para aspectos sanitarios como el tratamiento o la prevención de la adicción.

[Laura Carlsen, es directora del Americas Policy Program en Ciudad de México. Es licenciada en Pensamiento e Instituciones Sociales en la Universidad Stanford, y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, también de Stanford. Reside en México desde 1986].

* Global Research